CETRI
El cruel asesinato de trece trabajadores mineros, cuya ejecución fue filmada y divulgada en las redes sociales por sus autores, marcó el amanecer del domingo 4 de mayo para toda la población peruana. Eran empleados de una empresa minera con permiso de operar en la zona por otra empresa minera legal, dueña de la concesión, llamada La Poderosa, y los asesinos fueron bandas a sueldo de mineros informales que disputan el acceso a los ricos filones de oro existentes en la provincia de Pataz, región La Libertad, al norte de Lima. Este hecho terrible tiene el impacto de un acto criminal que todos pudieron ver, pero no es el primero. Y, desafortunadamente, puede no ser el último. Las autoridades locales, a las que el Gobierno de Boluarte ni recibe ni escucha, dicen que hubo otros antes.
Ideología mortal
Hemos relatado en anteriores ocasiones los niveles de desgobierno a los que ha llegado el Perú, de lo que estos hechos son una bárbara muestra adicional. Y vemos cómo la dictadura de Boluarte y el Congreso, en manos de una mayoría que suma a la ultraderecha, el bloque lumpen representante sin escrúpulos de intereses particulares y una falsa izquierda, promulga medidas a su favor, sin cuestionarse si son en contra del interés de la población, favoreciendo a la delincuencia. Agreguemos que dichas medidas descienden de anteriores llevadas a cabo durante la dictadura de Fujimori, y que iniciaron el descalabro producido por las actividades delincuenciales, particularmente el de las actividades extractivas.
La idea que prevaleció para el desarrollo de la minería informal fue sembrada por el economista neoliberal Hernando de Soto, el principal ideólogo del fujimorismo. Este desarrolló unas tesis que –en formato populista– confirmaban los principios conservadores de la defensa de la propiedad privada como principal activo social, pero como propuesta para las mayorías populares. Para ello, señalaba como causa principal de la pobreza en el mundo a la falta de formalización de los derechos de propiedad. Llegaba a decir que el verdadero problema no es la pobreza, sino la exclusión del sistema legal. Se trataba, entonces y como consecuencia, de legalizar masivamente bienes informales a los que llamó “capital muerto” a fin de que pudieran, por ejemplo, ser sujeto de crédito (crédito que los bancos jamás otorgaban, claro). Para lo que sugería una serie de medidas que se orientaban, todas, a priorizar exclusivamente la propiedad individual, lo que debilitaba a las comunidades campesinas e indígenas, uno de sus principales objetivos. Obviamente, si se individualiza la propiedad en las comunidades, desaparecen las comunidades, lo que deja miles de hectáreas para la libre disposición de terceros. En actividades extractivas, por ejemplo.
Con esa lógica, desde el apogeo del fujimorismo en los años noventa, se instaló la idea de que las organizaciones dedicadas a la minería informal, que recién empezaba a desarrollarse, debían caracterizarse como pequeños emprendimientos privados a los que había que apoyar : eran pymes como cualquier otra. Las objeciones ambientales fueron declaradas como un estorbo.
El economista De Soto promovió esto con fuerza y sostenía –todavía lo sostiene– que los mineros informales no son ni delincuentes ni ilegales por vocación, sino trabajadores que operan fuera de la ley porque el sistema no les ofrece medios viables para formalizarse. Según él, la minería informal, al ser parte de una economía paralela, y estar excluida del marco legal por trabas burocráticas y regulaciones inadecuadas, debía ser objeto de normas para favorecerla. Y, entre otras cosas, debían reconocerse como de derechos de uso y propiedad los terrenos que los mineros ya trabajaran, sin que importara que hubieran sido tierras comunales.
Le hicieron caso. Desde esos tiempos se han promovido medidas que, con el pretexto de formalizar la minería ilegal, han desarmado la mayoría de las posibilidades de detener su expansión. Así es que, en los últimos años y a pesar de los visibles destrozos y daños causados por esta actividad, se creó el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) para facilitar la legalización de la minería informal. La norma era provisional, pero a pesar de haber sido utilizada como excusa para seguir operando sin cuidado, y que apenas el 11% de los registrados se formalizara, el Congreso y Boluarte ido aprobando su renovación constante. Y el principal impulsor ha sido el congresista presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, electo por los votos de mineros informales que han invadido la región Madre de Dios, una de las más afectadas, y donde la fiebre minera ha duplicado la población en apenas un par de décadas.
Desarrollo y consecuencias de la minería informal
A partir de esa visión de las cosas, hoy la minería informal se encuentra en prácticamente todas las regiones de Perú, sobre todo en las regiones de Cusco, Madre de Dios, Puno y Loreto, y también más recientemente en la región Amazonas, en la frontera con Ecuador. La minería informal ha generado conflictos entre mineros informales y las autoridades, así como entre los propios mineros, que tienen disputas por los ingresos ilícitos generados. Ello, al avasallar y destruir territorio, promover delincuencia y violencia, afecta a otras actividades económicas como el ecoturismo, la agricultura y las actividades forestales.
La minería informal se ha extendido, además, a más de 20 ríos amazónicos, causando impactos ambientales en estas áreas, provocando deforestación, contaminación del agua y daños a las comunidades indígenas y zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas. Además, la minería ilegal acarrea actividades delictivas que siempre la acompañan, como la trata de personas, tanto para la prostitución como para el trabajo forzoso semiesclavo.
Así, de ser una actividad marginal, la minería informal ha devenido, por la suma de pobreza estructural y mayor demanda internacional del oro, pero también del cobre, en una actividad que ha aportado al desarrollo del crimen organizado y que, incluso, ha llevado a muchas comunidades campesinas a abandonar la agricultura.
La tragedia en Pataz de la que hablábamos al principio se entiende como un episodio de ese proceso.
Boluarte no hace nada, pero acosa
El secuestro de los mineros, antes del fatal desenlace, fue negado por el Gobierno de Boluarte. Ello a pesar de que los familiares de los secuestrados habían presentado una denuncia sobre el hecho ante la policía, y ante los medios. Solo luego de la matanza, Boluarte anunció medidas que, a todas luces, por sí solas serán ineficaces : estado de sitio, toque de queda nocturno, cientos de policías enviados a la provincia de Pataz…
Esta desgraciada actitud del Gobierno, y del Congreso, ya no sorprende. Lo único que parece interesarles es la protección de sus intereses y asuntos personales frívolos. Así, en junio del año 2024, Boluarte se ausentó sin autorización para hacerse una cirugía estética en la nariz, lo que –además del asunto de los relojes y otros más por el estilo– se suma a las denuncias por sus arbitrariedades. Ya no hablemos de los muertos que carga a sus espaldas por las matanzas de los años 2022 y 2023.
Sin embargo, si se trata de reducir las posibilidades de autodefensa de la población, se ponen serios y no dudan en hacerlo. Lo más reciente ha sido la aprobación de la llamada ley APCI, que es una reforma de la norma que creó la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, encargada de supervisar los apoyos internacionales a las ONG y otras instituciones que reciben ese sostén externo, y que depende del poder ejecutivo.
Las reformas introducidas mediante la ley APCI obligan a que esa institución apruebe previamente los planes, programas y proyectos de las ONG, así como los contratos y actos administrativos que celebren con el Estado. La ejecución de recursos sin la aprobación de la APCI puede ser objeto de sanción.
Pero, asimismo, se ha prohibido el uso de esos recursos de la cooperación para asesorar o financiar acciones contra el Estado, lo que será calificado como infracción grave. Esto es una acción directa contra las ONG que trabajan en la defensa de los derechos humanos de personas o comunidades que no podrían pagarse esa defensa y que, muchas veces, deben llevar sus casos a organismos internacionales en alegatos contra el Estado peruano.
La ley, asimismo, afecta a los medios de comunicación que trabajan con aportes de la cooperación para la libertad de prensa. Será imposible para un medio de comunicación –como los conocidos IDL Reporteros u OjoPúblico– desarrollar sus trabajos de investigación periodística sin la supervisión estatal, ni defenderse de cualquier amenaza en instancias internacionales, al mismo tiempo que pone en entredicho la salvaguarda del secreto profesional.
La presidenta Boluarte, –que solo cuenta con un 5% de aprobación ciudadana– afirmó que la ley era contra “quienes sembraban odio”, que es el lenguaje con el que la ultraderecha califica a las investigaciones periodísticas que han destapado los mayores escándalos no solo durante su régimen, sino desde hace años, como los casos que afectan a su socia Keiko Fujimori.
Porky y el caviar
Perú es, por adelantado, la imagen de lo que significa el gobierno de la ultraderecha. Si bien hubo un interregno de perfil democrático liberal durante 25 años, no se alteró para nada el esquema sembrado por la dictadura, como queda claro en el caso de la minería y sus consecuencias.
Lo que también persiste, y se agudiza más, es el recurso típico de la ultraderecha de sustituir el argumento por la mentira y la agresión, a través de la violencia o los calificativos que además la prensa mayoritaria divulga. Lo más frecuente sigue siendo el uso del término coloquial “terruco” para descalificar al oponente acusándolo de terrorista. Pero, importado de Francia donde se usó mucho contra la socialdemocracia de Mitterrand, el término caviar fue utilizado inicialmente en Perú como sinónimo de aquel que se aprovecha del Estado ; posteriormente se acuñó para atacar a todo aquel que, técnicamente calificado, hubiera recibido una contrata y, además, fuera de izquierdas o se lo pareciera a quienes nadan en el extremo a la derecha.
Uno de los que más recurre a ese tipo de adjetivos es el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, miembro del Opus Dei, el mismo que en enero condecoró al cardenal exarzobispo de Lima acusado y sancionado en El Vaticano por pederastia, y el que suele informar, previo a algún discurso, que habla en nombre del amor, para luego descargarse con largas peroratas en las que no esconde adjetivos, yendo con ira contra todos aquellos que señala como caviares. Su objetivo favorito es el periodista Gustavo Gorriti.
Como parte de sus campañas asumió el apodo de Porky, para parecer más amigable. Valga esta semblanza previa –si cabe llamarla así– para mostrar mejor aún el rostro de quienes gobiernan el Perú ; no olvidemos que el partido político del alcalde es parte del bloque mayoritario en el Congreso, que sostiene a Boluarte.
Ocurre que, hace pocas semanas, un medio descubrió boletas de compra emitidas a nombre de la administración de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en las que se describía la compra de caviar (nada menos), además de pulpa de cangrejo, lomo fino y otras delicadeces, adquiridas con fondos de la caja chica del municipio, supuestamente para almuerzos protocolares.
¿Qué hacer ?
La pregunta que más ronda en la cabeza de las peruanas y peruanos es esa : ¿qué hacer ? En 1872, el pueblo de Lima se sublevó contra la dictadura instalada por los coroneles y hermanos Tomás, Silvestre, Marceliano y Marcelino Gutiérrez, a dos de los cuales colgaron de unos postes. Esa anécdota cruenta viene a colación con frecuencia, como es comprensible.
La realidad obliga a pensar en medidas más plausibles. Pero no aparecen aún, salvo algún milagro durante las elecciones de 2026, de antemano trucadas por una diversidad de medidas legales y el copamiento, que ya logró la dictadura, del poder electoral. Parte de la estrategia de la mafia en el Congreso fue facilitar el registro de partidos políticos mediante la supresión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) –siguiendo el modelo argentino– lo que ha generado un alud de grupos políticos (cuarenta) dificultando el voto.
Lo que parece invivible, si bien no se ve otra puerta, es la idea de esperar un año más hasta abril de 2026. Todo indica que la impopularidad de los partidos de la mafia en el poder impedirá que obtengan votos, e incluso el núcleo duro de 10% de electores del fujimorismo, empieza a resquebrajarse. Estos ya iniciaron una campaña de desprestigio y de sanciones de inhabilitación política para todo aquel que acumule intención de voto o simplemente simpatías.
Pero, a pesar de todo, la pregunta sobre qué hacer ya está instalada, y hay todo un país que ha decidido no resignarse.
