CETRI
¿Cuál es la relación entre conflictividad socioambiental, movimientos sociales y derechos humanos en el Perú contemporáneo ? Sin duda, cada vez emergen más interpretaciones extensivas sobre los derechos actuales y también nuevos derechos humanos. Esto se debe en parte, a la creciente conflictividad socioambiental y al impulso que los distintos movimientos sociales le están dando a estos derechos, con rasgos cada vez más particulares y claro está, a la posición geoestratégica del Perú con respecto a estos nuevos escenarios. Esto nos llevaría a reflexionar en las causas y consecuencias, me detengo en una consecuencia : la balcanización de la noción de Estado-Nación. El mismo concepto desde donde se han construido muchas de nuestras instituciones e identidades. La misma base también desde donde se ha construido la doctrina de los derechos humanos que desde 1948 viene tratando de equilibrar (cada vez menos) esta lógica economicista cultural y económicamente liquida que impera.
Por tanto a la vez que asistimos al debilitamiento del Estado-Nación observamos también el fortalecimiento del mercado trasnacional, de sus actores financieros que a través de empresas o alianzas multinacionales y consorcios económicos, definen políticas económicas que inciden de manera alarmante en todo el planeta. El auge del capitalismo o el credo neoliberal, es también un actor que debilita al Estado-Nación, este pensamiento único, se consolida cada vez más ante nuevos e inciertos escenarios en el marco de la globalización económica y política, a la que también los movimientos sociales buscan dotarla de un cambio político.
Los derechos humanos emergentes, suponen una nueva concepción de la participación ciudadana, dando voz a actores nacionales e internacionales que tradicionalmente han tenido un nulo o escaso peso en la configuración de las normas jurídicas nacionales e internacionales. Los movimientos sociales han sido los vehículos desde donde se han impulsado y deben seguir haciéndolo si se quiere una sociedad con justicia social, justicia ambiental y solidaridad trasnacional en la defensa de territorios y recursos naturales. Quien puede negar, por ejemplo, el aporte en la conciencia ambiental respecto al caso Conga y su valor jurídico respecto al derecho a un medio ambiente sano o el derecho humano al agua.
Estas reivindicaciones de los movimientos sociales van siendo traducidas mediante una agenda de derechos y es allí desde donde se esperan las respuestas. Es decir, el Derecho concebido como un Derecho transformador, es necesario dotarle de una fuente inspiradora que reinterprete esta realidad y permita generar equilibrio ante la actual arquitectura normativa asimétrica como es la que edifica el Derecho corporativo. Bajo esta premisa podemos encontramos formulaciones como la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes, propuesta en el marco del Fórum Universal de las Culturas de Barcelona en septiembre de 2004, y aprobada en el Fórum de Monterrey (México) en el 2007. Desde esa perspectiva hay muchos derechos que se han ido configurando, entre derechos nuevos sin ningún precedente o con escasos vínculos con los derechos reconocidos jurídicamente como el derecho a la renta básica o el derecho a la paz, otros derechos ya conocidos pero con creativas interpretaciones como el derecho a habitar el planeta y el medio ambiente, el derecho a la resistencia o el derecho a la verdad y la justicia, son ejemplos que reavivan una lógica de derechos humanos basado en la dignidad, que permiten generar mecanismos efectivos para garantizar el plan de vida de individuos y comunidades a la luz de estos tiempos.
Sin embargo, el Estado peruano y su creciente ineficiencia para entender la conflictividad socioambiental aportan lo suyo para resquebrajar esa construcción endeble del Estado-Nación. Solo para referirnos a un indicador : tenemos una institucionalidad estatal precaria, este diagnóstico también coincide con los más acuciosos análisis del sector empresarial extractivo. Es decir sociedad civil organizada y sector empresarial extractivo llegan a la misma conclusión : es necesario trabajar en la institucionalidad estatal.
La diferencia es que en la práctica la CONFIEP [1] y sus principales voceros presionan al Gobierno para “destrabar” proyectos, lo que concretamente implica la flexibilización de instrumentos de control ambiental (estudios de impacto ambiental EIA, CIRA, etc.) ; flexibilización de mecanismos de participación política (restricción del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas) ; flexibilización de derechos laborales, etc. Esa es la respuesta del sector empresarial extractivo que no hace más que contribuir a seguir precarizando las instituciones. El Estado por su parte asume el compromiso de implementar medidas que permitan “desbloquear” proyectos [2] reduciendo sus márgenes de actuación a un papel de mero facilitador, sin capacidad de garantizar derechos. Las preguntas que nos hacemos algunos son : ¿Cuánto más puede soportar esta institucionalidad precaria, el flujo de inversiones que como señala el Presidente, aumentan a un ritmo de 35% anual [3] en las actividades extractivas ?, ¿Cuál es el límite ante la premisa que los conflictos sociales son precursores de cambios institucionales sociales y ambientales, con un Estado reducido a su mínima expresión de modelo neoliberal ?
El Gobierno asumió compromisos que no puede cumplir con las poblaciones afectadas ; por otro lado, asume nuevos compromisos con los inversionistas nacionales y extranjeros a largo plazo, que dejará un enorme impacto social y ambiental en las poblaciones. Esta doble irresponsabilidad del Gobierno y de los propios inversionistas y empresarios nacionales del sector extractivo irá desembocando en más tensiones, que acaben por desbordar y generar cauces distintos de conflictividad, con cambios en la configuración territorial. Estamos entonces ante una balcanización del Estado nacional y el fracaso de la construcción de un proyecto Estado- Nación a la vieja usanza. En su lugar tenemos la impronta de un Estado neoliberal, que por otra parte tendrá que hacer frente a la falta del cumplimiento de compromisos del Gobierno, que se traduce en una crisis de legitimidad y de gobernabilidad, indicadores que tienen poco interés en una sociedad neoliberal donde el “éxito” económico es lo que realmente preocupa.
Bajo esa realidad, los retos siguen siendo los mismos, es necesario generar un aglutinamiento de aquellas fuerzas que pretenden equilibrar el actual panorama, eso significa trabajar de una manera más coordinada y estratégica. Son las corporaciones empresariales extractivas, nacionales e internacionales, los motores que impulsan estos cambios. Desde esa perspectiva un Derecho transformador tiene que activar todos los mecanismos jurídicos, políticos y comunicacionales para garantizar los derechos de las poblaciones vulneradas. Se hacen necesarias interpretaciones creativas de los cuerpos jurídicos y de diagnósticos políticos, de tal manera que se agoten acciones de exigibilidad y justiciabilidad contra la violación de distintos derechos humanos que lamentablemente, son sistemáticamente vulnerados por los impactos de empresas transnacionales y nacionales no solo en Perú sino en el planeta entero.
