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Cuando Eufrosina Cruz Mendoza decidió postular a la alcaldía de su pequeña comunidad zapoteca en las montañas de Oaxaca, esta maestra de 27 años tuvo que enfrentarse a un sistema patriarcal de siglos. Ahora está luchando una batalla solitaria para hacer de las mujeres ciudadanas plenas en su propio pueblo y en cientos como éste en todo México.
En una demanda ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Cruz acusó al concejo comunal de Santa María Quiegolani, compuesto sólo por hombres, de violar su derecho constitucional a participar en las elecciones del pasado 4 de noviembre sólo porque era mujer.
“En mi pueblo (…) cada uno de los participantes escribe en una boleta el nombre de la persona que desea que gobierne en un lapso de tres años. Pero a mí se me negó ese derecho”, dijo en su emotiva carta a la comisión.
“Cuando los funcionarios de la mesa se dieron cuenta que los hombres de mi comunidad estaban escribiendo ‘Eufrosina Cruz Mendoza’ en la mayoría de las boletas, decidieron suspender la asamblea y tiraron las boletas a la basura”.
Usos y costumbres
Su lucha ha atraído la atención nacional a un dilema inherente a los derechos de las mujeres en las comunidades indígenas. Según las formas tradicionales de gobierno, reconocidas en la ley mexicana como “usos y costumbres”, las mujeres indígenas suelen ser excluidas de votar o de hablar en reuniones públicas, participar en la vida cívica y poseer tierra.
“Están confundiendo en este caso los usos y costumbres. Ya se convirtió en un abuso”, dijo Cruz en una entrevista telefónica desde Oaxaca. “Violaron no sólo mis derechos como mujer pero los derechos de todos los ciudadanos”.
Su caso movió a los legisladores estaduales de Oaxaca a proponer un proyecto de ley que establece que los gobiernos indígenas reconozcan la igualdad de las mujeres, como estipula la Constitución de México, y les den derecho de voto y otros.
El proyecto es respaldado por el controvertido gobernador del estado, Ulises Ruiz, quien visitó Santa María Quiegolani en medio del debate, el funcionario de más alto rango que haya sido visto por allí.
Los 13 millones de ciudadanos indígenas de México —un 12% de la población— han sido en gran parte marginados a regiones pobres y remotas. Las formas indígenas de gobierno tradicionales, o usos y costumbres, adquirieron estatus legal en México hace seis años, un reconocimiento visto como una victoria para los movimientos indígenas de toda América Latina.
En contradicción con derechos
Para los activistas de derechos humanos, el debate es entre “el universalismo de los derechos humanos y los que creen más en el relativismo”, dijo Marianne Mollman, de la organización Human Rights Watch, con sede en EEUU.
“Yo estoy del lado del universalismo. Creo que todos tienen los mismos derechos. Lo de usos y costumbres no es un derecho humano ; los derechos humanos son individuales. Uno de esos principios básicos es la igualdad”.
En el terreno algunos grupos pueden dudar de adoptar una postura contra las prácticas indígenas. Cruz dice que ha recibido poco apoyo de los promotores de derechos humanos en su país.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos no ha resuelto todavía sobre la queja de Cruz, pero en una declaración en febrero reconoció que las prácticas indígenas tradicionales pueden dar pie a violaciones de derechos humanos.
“El caso de la profesora Eufrosina Cruz… no es ajeno al problema social de discriminación y exclusión que afecta a más mujeres de comunidades indígenas en las que rigen usos y costumbres que entran en contradicción con otras normas del orden jurídico nacional”, dijo la comisión.
Las mujeres indígenas pueden enfrentar maltrato e incluso violencia a manos de familiares y vecinos. En un publicitado caso, Macedonia Blas Flores, indígena ñañho del estado central de Querétaro, fue acosada por aldeanos que frotaron chiles (ajíes) en sus genitales como castigo por un supuesto adulterio.
Patricia Rosete, de la gubernamental Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, dice que tal violencia no siempre se basa en la tradición. Puede provenir de males sociales extendidos en las comunidades indígenas, tales como alcoholismo y pobreza.
Su oficina ayuda a mujeres indígenas como Blas a desarrollar estrategias para detener el abuso contra las mujeres “a través de su propio punto de vista y visión”.
Mujeres en lucha
Activistas de las comunidades coinciden en que los paradigmas feministas tradicionales no encajan del todo en el contexto cultural y las realidades económicas de los mundos indígenas.
“Aplicar las propuestas feministas en las comunidades indígenas significa el rompimiento de toda la cultura, de su manera de ver”, dijo Noemí Gómez en una entrevista en Oaxaca en una visita que hizo desde su aldea indígena mixe, San Marcos Moctum. “Puede generar mucho conflicto y división dentro de la comunidad”.
Cuando tenía 17 años, suspicaces patriarcas de la aldea mandaron a Gómez a la cárcel por hacer campaña para construir un segundo molino de maíz en la aldea para que las mujeres ya no tuvieran que caminar 7 km cada día para moler maíz para tortillas.
El consejo, exclusivamente masculino, la acusó de malversar el dinero incluso antes de que éste llegara. Finalmente el molino fue construido con unos US$3,000 en fondos federales.
Ahora de 30 años, poeta y granjera, Gómez fundó el grupo de derechos Mujeres Olvidadas del Rincón Mixe, y ha logrado tras larga lucha conseguir derechos a la tierra y al voto para las mujeres dentro del gobierno comunal patriarcal de Moctum.
Hace dos años Gómez se casó con su paisano René Orozco, músico y maestro. Los patriarcas del pueblo querían que renunciara a su tierra, pues su esposo ya tenía un lote para cultivar. Ella se negó.
“Hablando de los derechos humanos en comunidades indígenas se tiene la idea de la mujer autosuficiente. No es el caso de las mujeres indígenas”, dijo. “La mujer indígena sufre tres veces más, por ser mujer, pobre e indígena”.
