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El último informe divulgado esta semana por la Red Penssan (Red Brasileña de Investigación en Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional) ha revelado cifras dramáticas de la situación de la miseria y el hambre en este país que, paradojalmente, es un gran productor y exportador de alimentos (Carne bovina, azúcar, café, soya y jugo de naranja, entre otros ítems). Por lo mismo, la pregunta que permanece en el aire es como un país que se sitúa entre los mayores exportadores mundiales de alimentos permite que parte significativa de su población no tenga que comer.
De acuerdo con esta investigación, seis de cada diez brasileños no poseen seguridad alimentaria. Ello representa a más de 125 millones de personas, lo cual viene a confirmar un aumento de 60 por ciento si se compara con los números de 2018. Dentro de esta cifra, son 33 millones de personas que pasan hambre en el país. El documento también constata que el hambre afecta especialmente a las poblaciones negras, pues el 65 por ciento de los hogares comandados por personas negras y pardas conviven con problemas de provisión de alimentos. En términos concretos, el contingente de personas que sufren el flagelo del hambre en el Brasil actual es muy superior al registrado hace 30 años atrás, cuando comenzaron a impulsarse los primeros programas de combate a la miseria y el hambre desde la redemocratización del país.
Según el mismo informe, este año de 2022 1 de cada 3 brasileños ha tenido que buscar alguna fórmula para conseguir alimento de la cual se avergüenza o le provoca tristeza. Son miles de familias que han tenido que recurrir a los rellenos sanitarios para buscar el alimento diario entre las sobras que deben disputar con buitres, jotes y otros animales carroñeros. Brasil siempre fue un país desigual, pero los niveles de indignidad a los cuales se ha arrojado a millones de ciudadanos es algo que no se había visto desde tiempos inmemoriales. Son lacerantes las imágenes de familias enteras aprovechando la escasa carne que sobra entre los huesos depositados en los basurales para saciar un hambre desmedida. Existen, por cierto, muchas acciones de solidaridad y de entrega de canastas mensuales de alimentos otorgadas por instituciones de la iglesia o de la sociedad civil, pero esta ayuda no es suficiente para paliar las enormes dificultades por las que atraviesan millones de brasileños.
Los especialistas que trabajan con la temática de la pobreza han mostrado enorme preocupación con el desmonte de los programas Hambre Cero (Fome Zero) y Bolsa Familia, implementados durante los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff durante la gestión del Partido de los Trabajadores (PT). El gobierno de ultraderecha de Bolsonaro ha sustituido este último por uno que se llama Auxilio Brasil, el cual no tiene ni la envergadura, ni la capilaridad, ni el impacto que tenía el programa Bolsa Familia.
En dicho programa eran 44 millones de familias las que recibían el aporte directo del Estado, reduciendo -ya en los primeros años- la pobreza (extrema o moderada) entre 25 millones de habitantes. En el caso del Auxilio Brasil son solo 14 millones de familias que reciben la ayuda. Ello significa que unos 30 millones de familias se han quedado sin recibir este beneficio, cuyo corte se ha efectuado sin ningún criterio técnico. Se excluyeron muchas familias simplemente porque se decidió arbitrariamente destinar menos recursos para políticas sociales. Tal situación contrasta radicalmente con el conjunto de beneficios otorgados a las Fuerzas Armadas, que recibieron ayudas hasta en la adquisición de artefactos bizarros y sospechosos para reforzar la virilidad de los militares, a saber, prótesis penianas, viagras y otros accesorios por el estilo.
Asimismo, el actual gobierno pretende acabar con el programa al final del presente año, lo que dejaría a millones de familias sin asistencia monetaria para enfrentar los déficits de alimentación que ya vienen experimentando hace años, carencias que además se han visto agudizadas por la pandemia. Para sumar obstáculos a los posibles beneficiarios de transferencia de renta, el gobierno ha impuesto un sistema que opera por Internet por medio de un computador o un celular. Es decir, las familias en situación de extrema pobreza quedan excluidas de cualquier tipo de ayuda por no poseer las condiciones mínimas para acceder a ellas.
Otro dato que preocupa a los especialistas es el hecho de que aquella población que sufre el impacto del hambre y la desnutrición tiene muchas posibilidades de comprometer su desarrollo físico e intelectual en el futuro, lo cual no hace más que reproducir las estructuras de exclusión y limitación de oportunidades para miles de niños y jóvenes que se han visto afectados por deficiencias nutricionales. Como se puede apreciar, este escenario solo aumenta los niveles de incertidumbre que vive la población más vulnerable de cara a las elecciones de octubre.
Cuando asumió su primer gobierno el 1 de enero de 2003, Lula da Silva se comprometió a eliminar Brasil del mapa de hambre. Para ello el gobierno comenzó a trabajar para garantizar dos elementos esenciales a este propósito. Primero, apoyar a la agricultura familiar para aumentar la producción de alimentos de consumo interno y, segundo, que la población más pobre accediera a una renta suficiente para comprar dichos alimentos.
Considerando que Lula da Silva pueda vencer la próxima contienda electoral, es de esperar que reponga aquellos programas sociales emblemáticos de los 18 años de administración del PT, aunque el retroceso causado por el gobierno de Bolsonaro es de tal magnitud que va a ser necesario un esfuerzo doblegado para restaurar las condiciones de seguridad alimentaria de la población brasileña.
