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Bernard Duterme : María Teresa Blandón, usted es una ex guerrillera sandinista, también fue una activista histórica de la revolución nicaragüense de los años 80, más tarde una profesora universitaria y una de las líderes del movimiento feminista. ¿Qué significa todavía para usted, en la Nicaragua de hoy, su orientación sandinista ?
María Teresa Blandón : En realidad, me defino más que como una “guerrillera” (lo mío nunca fueron las armas) como una joven de 18 años que abrazo la revolución porque prometía justicia social en un país tan desigual y empobrecido como el que nos heredó la dictadura somocista que permaneció durante más de cuatro décadas en el gobierno.
Yo he leído el ideario de Sandino y sigo creyendo que era revolucionario para su época ; otra cosa diferente pienso de sus métodos de lucha, que replicaron el autoritarismo y los abusos de poder en contra de la población campesina de la región conocida como la “Segovia”. Las mujeres pagaron un alto costo en esa confrontación armada entre los “yanquis”, la guardia y el ejército de Sandino.
El FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) no es heredero del pensamiento de Sandino, dejó de serlo incluso durante la década de los 80. El pregonado antimperialismo tenía apellido : oposición al histórico intervencionismo norteamericano en los asuntos de nuestro país. Por otro lado, su apertura a la Unión soviética y su disciplinada y casi ingenua adscripción al modelo cubano, contradijo la apuesta nacionalista.
La autogestión del campesinado a través de un vigoroso movimiento cooperativo presente en el ideario de Sandino, se convirtió en la década de los 80 en un modelo centralizado de gestión estatal, con ribetes militares toda vez que formó parte de una estrategia de ampliación de la base de apoyo campesina al FSLN y de contención de la llamada contrarrevolución. Una experiencia similar ocurrió con lo que podría haber sido un potente movimiento sindical, que terminó siendo cooptado por el Estado-partido.
En mi propio recorrido como activista, se me fue quedando corto el ideario de Sandino y fui identificando las crecientes brechas entre los discursos que pregonaban una revolución protagonizada desde arriba, y las cada vez más evidentes estrategias de control hacia los movimientos sociales que en la mayoría de los casos, terminaron subordinándose a la burocracia sandinista y con ello, perdiendo su propia naturaleza.
La pareja presidencial Ortega-Murillo, que volvió al poder en 2007, sigue afirmando ser sandinista, manteniéndose por ejemplo a la cabeza del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Sin embargo, un examen de las políticas llevadas a cabo desde 2007 por este gobierno pretendidamente “democrático, socialista y progresista” indica claramente su perfil “autocrático, neoliberal y conservador”. ¿Cómo explica usted esta paradoja ?
María Teresa Blandón : La demagogia ha sido uno de los rasgos pronunciados en el FSLN, particularmente a partir de que perdieron las elecciones y se convirtieron en el principal partido de oposición. Durante las tres elecciones consecutivas en que Daniel Ortega - como único candidato del partido rojinegro durante las últimas tres décadas - perdió las elecciones, se presentaron como los únicos herederos de la revolución de los 80 y, por ende, comprometidos con las demandas de los sectores más empobrecidos. El lema que sintetiza esta retórica, quedó sellado en el lema utilizado a su regreso al gobierno : cristiano, socialista y solidario.
Sin embargo, la estrategia desarrollada durante los tres primeros periodos de gobiernos nos habla de un modelo de Estado corporativista, en donde la alianza entre el gobierno y el gran capital, fue la garantía de “estabilidad” política. Las evidencias muestran el incremento acelerado de capitales nacionales y extranjeros, la apertura a empresas transnacionales para la explotación de mano de obra barata y recursos naturales (minería a cielo abierto, explotación de bosques, zonas francas) ; la instalación de un sistema tributario regresivo ; y el disciplinado acatamiento a los lineamientos del FMI para mantener a raya los indicadores macroeconómicos.
El gobierno Ortega Murillo a pesar de contar con suficientes recursos financieros gracias a la cooperación venezolana que hasta el año 2012 aportó por lo menos 5,000 millones de dólares, de acuerdo con cifras conservadoras, se limitó al desarrollo de políticas de asistencia dirigidas a los sectores más pobres, desde una lógica de corto plazo que en ningún sentido apuntaló al cambio de un esquema económico generador de desigualdades. Programas como el del bono productivo, usura cero o casas para el pueblo, beneficiaron a un reducido grupo de familias pobres y reforzaron el clientelismo político.
La familia Ortega Murillo y su círculo más cercano, se convirtieron en los nuevos ricos, gracias al control de los recursos públicos, incluyendo los recursos de la cooperación venezolana que misteriosamente en plena crisis han convertido en deuda pública. Negocios lucrativos como el control de la importación y distribución de combustibles ; monopolio de las exportaciones a Venezuela al menos durante los primeros años ; monopolio de las empresas distribuidoras de medicamentos ; captura de los fondos millonarios de publicidad del Estado, entre otros, explican el incremento desmesurado de la corrupción.
Nicaragua sigue siendo el segundo país más pobre de América Latina y El Caribe. Las profundas brechas de desigualdad se han profundizado ; la ciudadanía ha sido despojada de sus derechos, aun en los niveles más básicos.
Los medios de comunicación internacionales empezaron a hablar nuevamente de Nicaragua a partir de abril de 2018. ¿Qué sucedió ese año en Nicaragua ?
María Teresa Blandón : Abril fue la expresión del hartazgo de la mayoría de la sociedad nicaragüense frente a un gobierno que progresivamente fue conculcando derechos y utilizando al Estado para chantajear a la ciudadanía.
La brutal represión que el régimen Ortega Murillo desplegó en contra de un grupo de personas mayores que protestaban por la reducción de las pensiones del seguro social en la ciudad de León y un día después, en contra de un grupo de estudiantes universitarios que exigían al gobierno una acción contundente para frenar el incendio que devora a la Reserva Indio Maíz -una de las más importantes de Centroamérica-, fue el preámbulo del desborde la violencia de Estado, pero también de la protesta social.
Durante los primeros cinco meses de la protesta, miles de nicaragüenses marcharon de manera pacífica en todas las ciudades del país para exigir la salida del régimen Ortega Murillo. La mayoría de las sedes de las universidades públicas en la capital, fueron tomadas por estudiantes y jóvenes trabajadores y se levantaron tranques y barricadas en todo el país.
Esa fue la respuesta de la mayoría de la sociedad nicaragüense frente al asesinato de más de 300 nicaragüenses, en su mayoría hombres jóvenes y adolescentes ; el secuestro de más de 5,000 personas, muchos de los cuales fueron víctimas de torturas y de tratos crueles e inhumanos, tal y como han documentado los organismos de derechos humanos.
Bajo la orden de “vamos con todo”, las fuerzas policiales actuando en conjunto con paramilitares armados - muchos de los cuales ocupan cargos en el Estado o en las estructuras partidarias del FSLN - cometieron toda clase de delitos contando para ello con la promesa de impunidad que ha sido cumplida a cabalidad hasta la fecha.
A partir del brutal desmontaje de tranques, barricadas y tomas de universidades, más de 100,000 nicaragüenses se vieron obligados a huir del país frente a la persecución y amenazas de que fueron víctimas. Policías, militares, paramilitares, activistas del FSLN y funcionarios públicos actuaron de manera concertada para instalar un estado de terror.
Los dos intentos de negociación con el régimen Ortega Murillo llevados a cabo primero por la jerarquía de la iglesia católica y luego por importante sector de la empresa privada y de la sociedad civil en el 2018 e inicios del 2019, se toparon con un muro infranqueable. El régimen utilizó estos dos intentos de “diálogo”, avalados e incluso demandados por la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea para recomponer su situación, mientras mantenía intacta la represión.
Una y otra vez reiteraron su disposición a mantenerse en el gobierno y llegar hasta las próximas elecciones previstas para noviembre del 2021. Simultáneamente se están preparando aceleradamente para organizar un nuevo fraude electoral que incluye la aprobación de leyes cuyo objetivo es criminalizar la protesta social, censurar a la prensa independiente y evitar la organización de la oposición. La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, Ley de Ciberdelitos y Ley de prisión perpetua fueron aprobadas entre los meses de octubre y noviembre de 2020, por un parlamento totalmente controlado por el régimen Ortega Murillo.
En general, durante casi tres años el país vive en un estado policial que de facto ha conculcado los derechos civiles y políticos de la mayoría de nicaragüenses que demandan un cambio de gobierno. Han sido prohibidas todo tipo de manifestaciones públicas ; periodistas independientes son víctimas de amenazas, hay más de 120 presos y presas de consciencia algunos de los cuales llevan dos años en las cárceles.
¿Cómo explica usted el hecho de que una parte de la izquierda internacionalista y el Foro de Sao Paulo por ejemplo adoptaron la tesis oficial del matrimonio Ortega-Murillo, a saber, que “en Nicaragua en 2018, un gobierno socialista fue víctima de un intento de golpe de Estado teledirigido por Washington” ?
María Teresa Blandón : Las causas de esta postura de respaldo al régimen Ortega Murillo tienen que ver más con el pasado que con el presente ; se trata de suscribir ciegamente las apuestas ideológicas alentadas a partir de la expansión del poder de la Unión soviética en la Europa del Este, y las promesas de la revolución cubana en el caso de América Latina. Se trata pues de una izquierda muy vieja, que no ha logrado hacer un ajuste de cuenta con su propia historia y los grandes errores cometido.
En el Foro de Sao Paulo existe una ficción encarnada en los discursos de los viejos líderes, que reproduce un pensamiento maniqueo y superficial : hay que apoyar a todos los gobiernos que se declaren de izquierda - ahora socialistas del siglo XXI -, vociferen en contra del neoliberalismo y lleven a cabo políticas de corte populista, que, si bien no modifican las causas de la desigualdad, son más sensibles con las necesidades de las y los pobres.
Tampoco han logrado actualizar el análisis sobre las nuevas formas que adoptan el imperialismo - no solo norteamericano - en tiempos de globalización neoliberal ; por ello se enfocan en el papel que históricamente ha jugado los Estados Unidos en la región latinoamericana, obviando el creciente papel que juegan otras potencias económicas, como China, por poner un ejemplo.
Por otro lado, la postura oficial del Foro de Sao Paulo también expresa el predominio de un pensamiento ortodoxo y autoritario, en donde al igual que en el pasado de los movimientos guerrilleros, el fin justifica los medios, aun cuando estos supongan la violación de derechos humanos.
Se sabe que los Estados Unidos han estado poniendo y deponiendo gobiernos en su patio trasero centroamericano por más de un siglo y medio. Desde 2007, han tolerado, incluso apoyado, financiado y aplaudido al régimen orteguista -a pesar de su pertenencia al ALBA de Hugo Chávez- por la apertura económica, la paz social y la firmeza migratoria que les aseguró, al tiempo que consolidaban su posición como principal socio comercial de Nicaragua. Desde la última campaña electoral en 2016, bajo el mandato de Obama todavía, las relaciones políticas comenzaron a tensarse, para luego ceder, con Trump y Pompeo, a invectivas, amenazas y… a algunas sanciones. ¿Esta nueva configuración no da la razón a la pareja Ortega-Murillo, según la cual “el imperio yanqui vuelve a atacar la soberanía nicaragüense” ?
María Teresa Blandón : A pesar de la gravedad de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, el gobierno de Donald Trump ha reaccionado con mucha lentitud, dosificando las presiones al régimen Ortega Murillo, lo que se podría resumir en la aplicación de sanciones personalizadas a una treintena de operadores políticos y funcionarios públicos. Incluso los recientes préstamos aprobados por las instituciones financieras internacionales en donde Estados Unidos tiene mucho poder, han sido aprobados sin mayores obstáculos. El Comando Sur de ese país continúa teniendo excelentes relaciones de cooperación con el ejército al servicio del régimen.
El establishment de Estados Unidos en el fondo ha permitido que el régimen Ortega Murillo gane tiempo y recomponga sus fuerzas de cara a unas futuras elecciones que sin lugar a dudas serán fraudulentas, tomando en cuenta todas las maniobras desarrolladas en el presente año. Por lo demás, Nicaragua al igual que toda Centroamérica, no ha sido prioridad en la agenda del gobierno saliente de los Estados Unidos.
Tras las protestas de 2018 y la represión que ha seguido hasta hoy, la oposición nicaragüense se ha ido organizando poco a poco en una nueva coalición política para enfrentarse al régimen de Ortega. ¿Esta coalición unitaria no está dominada por sectores muy cercanos a las organizaciones empresariales y partidos de derecha que han co-gobernado Nicaragua en perfecta concertación con Ortega-Murillo hasta el 2018 ? ¿Bajo qué condiciones participará esta coalición en las elecciones presidenciales previstas para noviembre de 2021 ?
María Teresa Blandón : Esta es seguramente la pregunta más espinosa y trágica. Lo primero que hay que decir en que al igual que en todos lados, se trata de una oposición heterogénea, que tiene razones diferentes para oponerse al régimen Ortega Murillo.
Paradójicamente la Coalición Nacional fue creada por un lado por empresarios aglutinados en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) en donde predominan los intereses de los empresarios aliados del régimen hasta un momento antes del estallido de abril ; y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) integrada por las fuerzas más progresistas de la sociedad, incluyendo movimientos sociales anteriores a la crisis y las que emergieron en medio de esta.
El retiro de la ACJD se debió precisamente a la imposibilidad de hegemonizar el proceso de construcción de la Coalición Nacional (CN) en la cual efectivamente participaron viejos aliados del FSLN, que finalmente fueron excluidos.
Formar una fuerza de oposición unificada en un país en donde el deterioro de la clase política es enorme, constituye uno de los principales obstáculos para salir del régimen Ortega Murillo, más aún cuando las elecciones se presentan sino como la única, la principal alternativa de solución a la crisis que vive el país.
A pesar de todo, se ha logrado consensuar una propuesta de reformas electorales que definen las condiciones básicas para ir a un proceso electoral transparente. Dichas propuestas incluyen el cambio de las magistraturas del Consejo Supremo Electoral, controlado por el régimen y la despartidización de las instancias electorales a todos los niveles ; la limpieza del padrón electoral ; la observación nacional e internacional del proceso ; la inscripción de una nueva fuerza política con su propia casilla y emblema, entre las principales.
Es previsible que el régimen Ortega Murillo lleve a cabo reformas de carácter técnico que no alteren el control que tiene sobre el poder electoral, acudiendo para ello a pequeñas agrupaciones políticas que han colaborado con Ortega en elecciones anteriores. En este panorama tan adverso, con seguridad la CN se enfrentará al dilema que acaban de vivir la oposición venezolana : participar o no en las próximas elecciones para documentar un nuevo fraude y con ello demandar un respaldo menos tibio a la comunidad internacional.
En este momento la CN lleva a cabo un proceso de organización en medio de un estado policial que dificulta todos los esfuerzos de organización ; por su parte la ACJD ofrece un nuevo diálogo esta vez entre las fuerzas de oposición, entre otros aspectos, para acordar formulas electorales de consenso, sin duda alguna necesaria en caso de que la decisión sea participar en los próximos comicios.
En cualquier caso, tanto la CN como la ACJD deben tener presente que la gran mayoría de electores son hombres y mujeres jóvenes menores de 40 años ; que desconfían con sobradas razones en la clase política y en el empresariado que se alió con el régimen Ortega Murillo y que demandan nuevos liderazgos.
Usted forma parte de la “Articulación de Movimientos Sociales”, que tiene como objetivo derrocar el régimen Orteguista y democratizar Nicaragua. ¿Existe un lugar hoy en Nicaragua -y una base social importante- para una organización de izquierda como la suya -soberana, socialista, feminista, ecologista...- frente a un poder heredero del dominio partidista del sandinismo sobre los principales movimientos populares ? ¿Cuál es su estrategia para acabar con las políticas conservadoras, depredadoras y represivas del binomio Ortega-Murillo ?
María Teresa Blandón : Yo pertenezco al Movimiento Feminista de Nicaragua (MFN) y en tal calidad participamos en la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). Somos parte de una oposición cuyo principal punto de coincidencia es la de salir del régimen Ortega Murillo por vías no violentas.
Sabemos que el nuevo gobierno no responderá a las expectativas de los movimientos sociales que apuestan a cambios profundos en la sociedad ; sin embargo, tenemos claro que mientras este régimen se mantenga en el gobierno, no será posible avanzar en ninguna de las demandas que plantean las feministas, los ecologistas, los movimientos de la diversidad sexual….
El movimiento feminista viene de una larga historia de luchar en contra de las dictaduras y en defensa de los derechos de las mujeres ; somos un movimiento vivo, con capacidad de renovación y con influencia creciente. No cabe duda que sabremos aprovechar una cierta apertura democrática para lograr provocar cambios en favor de la igualdad y el respeto a la diversidad.
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