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Se trata de una ingeniería política que, en un amplio sentido, apunta a recuperar el predominio de Estados Unidos en la región y que busca desplazar a cualquier competidor que atente contra la obtención de los cada vez más preciados recursos naturales vitales para el transporte, la comunicación pero, sobre todo, la industria de la guerra y la tecnología del futuro.
Estados Unidos incentiva así una nueva política internacional que, sin embargo, retrotrae a nuestra región a los tiempos de la Guerra Fría, en un enfrentamiento con las principales potencias globales que se articula con distintos conflictos, como ocurre con la inseguridad y la lucha contra el narcotráfico, o con la economía y la política arancelaria, con las medidas frente a los inmigrantes deportados y, finalmente, con la política de apropiación de recursos naturales.
El primer frente, y al mismo tiempo, el caso más representativo de esta renovada ofensiva digitada desde Washington tiene como eje central al Mar Caribe. Lo que comenzó como una amenaza de Trump a Panamá para recuperar el canal, supuestamente, bajo control de Beijing aunque en realidad a cargo del holding hongkonés CK Hutchison y ambicionado por el fondo de inversión estadounidense BlackRock, pronto derivó en otros aspectos problemáticos.
Las reiteradas declaraciones de intervención directa frente a lo que desde Washington se califica como una política demasiado permisiva con el narco esconde, en realidad, una creciente inquietud frente a los cada vez más fuertes lazos comerciales que unen a México con China, lo que le ha posibilitado al gobierno de Claudia Sheinbaum un importante grado de autonomía gracias a un alto índice de popularidad y a un conveniente balanceo entre poderes externos.
El enfrentamiento directo con el gobierno de Nicolás Maduro, que pasó del plano discursivo a la acción armada a través de un inédito movimiento de recursos militares hacia las costas venezolanas, tuvo hasta el momento su principal efecto en el ataque a algunas embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico. En el medio, la disputa por el petróleo entre dos de las principales multinacionales, Exxon y Chevron, sumada a la confrontación por el Esequibo entre Venezuela y Guyana, elevó la tensión en un territorio clave para los Estados Unidos.
En los últimos días, la ofensiva en el Caribe sufre una escalada a raíz del ataque a un navío supuestamente vinculado al narcotráfico y atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN). La falsa denuncia en torno a Gustavo Petro y su rol como jefe del comercio ilegal de drogas no sólo apunta a debilitar la figura de uno de los principales críticos de Trump: es también un tiro por elevación a la izquierda en momentos en que la coalición oficialista dirime sus propios candidatos para la elección presidencial de 2026. La identificación del gobierno colombiano con el narcotráfico constituye así un intento claro por desestabilizar al área caribeña, en un contexto de creciente inseguridad, pero también de aprovechamiento político por parte de la Casa Blanca.
El segundo frente tiene a Ecuador, Perú y Chile como sus componentes esenciales, en un escenario en el que la violencia, la explotación de recursos naturales, y, más aún, la creciente relación con China, operan como elementos activos en las relaciones con los Estados Unidos. Sin tanto estruendo, y aprovechando una muy baja legitimidad, el pasado 10 de octubre sectores del establishment peruano enquistados en el Parlamento desplazaron a Dina Boluarte.
Aunque no figura entre las causas de su destitución, la exgobernante peruana se acercó demasiado a Beijing, promoviendo la construcción del estratégico puerto de Chancay, construido con financiamiento chino, y en cuya inauguración, el 14 de noviembre de 2024, asistió el presidente Xi Jinping. En carpeta se encuentra un proyecto todavía más amplio: el megapuerto Corío, en Arequipa, de mayor calado que Chancay. Empresas chinas y estadounidenses están en una fuerte puja por este emprendimiento, si bien en Lima se está operando un alineamiento directo con Washington por parte del actual mandatario José Jeri.
Daniel Noboa, uno de los principales aliados de Trump, ofrece al Ecuador como una trinchera para preservar los intereses estadounidenses en la región. Frente a la declamada lucha contra la inseguridad, con el desborde violento causado por supuestas organizaciones «narcoterroristas», y en medio de la creciente represión a la protesta social, el gobierno convocó a un plebiscito para el 16 de noviembre para determinar el regreso de las bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, lo que inevitablemente trae el recuerdo de la Base de Manta, cerrada en 2009 durante el mandato de Rafael Correa. En caso de un triunfo del voto afirmativo, el Pentágono controlaría parte del Pacífico sudamericano y se ubicaría cerca del Canal de Panamá.
En Chile, el interés prioritario de la Casa Blanca apunta a incidir en las elecciones generales que se desarrollarán entre noviembre y diciembre. El temor al triunfo de la candidata de izquierda Jeanette Jara alimenta el interés por robustecer a la actual oposición al gobierno de Gabriel Boric, nutrida especialmente por distintas variantes de la derecha y la ultraderecha que ya han acordado un plan de apoyo mutuo en caso de que alguna llegue al balotaje. El control soberano a las reservas de litio y de otros recursos estratégicos está directamente atado al resultado electoral.
En tanto que, por sus implicaciones geopolíticas hacia toda Sudamérica, el caso de Bolivia resulta clave para la impronta hegemónica de Trump, más aún, luego de concretado el triunfo de Rodrigo Paz el 19 de octubre. La implosión del modelo político y económico llevado adelante por el MAS fue aprovechada por la Casa Blanca, la que contribuirá a operar un viraje hacia la derecha que, entre otros aspectos, seguramente pondrá en cuestión los acuerdos alcanzados previamente con China y con Rusia para la explotación del litio, del gas y de distintos recursos naturales estratégicos. El predominio total sobre Bolivia posibilitado por la derecha era un factor político largamente anhelado por Washington durante los mandatos de Evo Morales y Luis Arce.
El último frente, el del Atlántico, probablemente sea el más complejo para el gobierno de Trump. Lula da Silva ha demostrado su fortaleza y liderazgo para enfrentar la política arancelaria impuesta desde el norte, y ha enfatizado su independencia para juzgar y condenar al expresidente Jair Bolsonaro por su responsabilidad en el intento de golpe de Estado de 2022, pese a las presiones ejercidas a favor de su liberación.
Brasil representa hoy el principal escollo para el plan político encabezado por Trump, teniendo en cuenta, además, la proyección de su gobierno en el plano internacional y la construcción de alianzas determinantes en el marco de los Brics y con distintas regiones del Sur Global. El hecho de que Brasil sea, además, el tercer país a nivel mundial con yacimientos de tierras raras, le confiere un peso específico particular. ¿Será por todos estos motivos que recientemente Trump aceptó ceder y negociar sus relaciones políticas y económicas con Lula?
El plan maestro de Donald Trump se encuentra hoy en plena ejecución y aparenta ser un modelo exitoso. Sin embargo, la coerción constante podría dar paso a escenarios mucho más complejos. Más allá de todos sus problemas y contradicciones, y pese a sus gobiernos cómplices y subordinados, la historia de América latina evidencia que la identidad y la protección de sus recursos siempre se sobrepone a los imperativos externos y, principalmente, a aquellos poderes que, en medio de tensiones y conflictos, difícilmente entienden de derechos y soberanías.
