CETRI
Introducción
La Constitución de Bolivia aprobada en el último año [1] se enmarca en una nueva dimensión
del constitucionalismo iberoamericano, marcado especialmente por el reconocimiento
de la diversidad étnica, cultural y jurídica, por la búsqueda de mecanismos
de inclusión social de los pueblos indígenas y por la necesidad de impulsar reformas
institucionales (judiciales, educativas, territoriales, parlamentarias, policiales y de lucha
contra la corrupción) necesarias para un buen funcionamiento democrático del poder
político, para el fortalecimiento del Estado de Derecho y para reducir la segmentación
social hasta ahora existente en términos económicos, regionales y étnicos.
Tradicionalmente, los problemas económicos, las desigualdades sociales y económicas,
la pobreza y la exclusión de las comunidades indígenas por las élites políticas
y económicas dominantes se ha retroalimentando con una falta de estabilidad de los
gobiernos, una fuerte crisis de adaptación de los sistemas de partidos políticos frente al
auge de los líderes populistas, una falta de legitimación política, una falta de confianza
en el funcionamiento de la administración de justicia y un desigual acceso a la misma.
Esta situación que ha sido una constante en los países andinos, es especialmente significativa
en Bolivia, donde Evo Morales es el décimo presidente de la república desde
que en 1982 se volvió a establecer el sistema democrático tras 18 años de gobiernos
militares y dictaduras.
Bolivia : riesgo de fragmentación
El contexto actual de Bolivia es particularmente complejo y se deriva de una ya larga
situación de inestabilidad política, luchas sindicales, reivindicaciones campesinas y
movilización indígena. Con la nueva Constitución se pretende sentar las bases de una
nueva convivencia, lo que se ha denominado la “refundación” de Bolivia. Sin embargo,
subsisten graves riesgos de fragmentación del Estado, entre el Oriente rico, propietario
de las tierras y de los recursos naturales del país, y el Altiplano pobre, rural, configurado
como un mosaico étnico y que representa el 70% de una población de unos
10 millones de habitantes. Esto es, lo que tradicionalmente han sido las dos “Bolivias”.
1. La cuestión socio-política
Desde el punto de vista político y social, el conflicto se está planteando en términos
clasistas, en una sociedad donde apenas existe la clase media. Lucha de clases sociales
entre, por un lado, los ricos (el 15% de la población más o menos), terratenientes, criollos
o blancos, en cuyas manos se ha concentrado la práctica totalidad de la propiedad
de las tierras más fértiles y las riquezas naturales del país, que se oponen a la reforma
constitucional, a la reforma agraria, a la ampliación de derechos a la población indígena
y a la redistribución de la riqueza nacional ; y, por el otro, los pobres, mayoritariamente
indígenas e históricamente desposeídos, excluidos del reparto de las riquezas
naturales y de la distribución del poder social y económico, viviendo casi siempre en
un régimen de servidumbre en el seno de los grandes latifundios del país.
Los primeros, la élite económica descendiente de europeos, representada fundamentalmente
por la oligarquía cruceña, abogan ahora por la defensa de una legislación
neoliberal en lo económico y lo social y homogénea en lo cultural. La misma legislación
que durante siglos ha mantenido al 62% de la población de Bolivia (mayoritariamente
indígenas “originarios”) en la exclusión social y cultural y en los niveles de
pobreza económica más grandes del continente.
Los segundos, a través del movimiento indigenista, del sindicalismo campesino
y del Movimiento Sin Tierra (MST) [2], reivindican el reconocimiento y el respeto a sus
derechos como individuos y como pueblo [3] : sus derechos lingüísticos, su identidad cultural,
étnica y religiosa, sus normas y mecanismos de resolución de conflictos (justicia
comunitaria, designación de autoridades, diferentes formas de autonomía nacional…),
los derechos de propiedad comunitaria sobre la tierra y la reclamación de compensaciones
económicas a las empresas de hidrocarburos y de la minería por los daños causados
al medio ambiente, con el cual ellos se sienten vitalmente identificados. Pero,
además, reivindican su derecho a participar en pie de igualdad en el reparto de las riquezas
naturales del país y en la toma de decisiones políticas y jurídicas. Es decir, reivindican
a la vez su derecho a la igualdad y su derecho a la diferencia, en base a los
mismos principios democráticos que antes les habían negado ambos derechos.
La igualdad puede y debe admitir las diferencias que identifican a los seres humanos,
pero nunca debería admitir desigualdades, ni discriminaciones entre ellos. Los
pueblos indígenas (hasta 36 etnias diferentes existen en Bolivia, según se recoge en el
nuevo texto constitucional) quieren ser iguales en el acceso al reparto del poder social
y económico, a la vez que esperan que se respeten las diferencias culturales que los
caracterizan como tales y sus propios espacios de poder social. Defienden su identidad
y su diferencia, porque sienten y han sentido durante siglos que corre peligro de ser
desnaturalizada o descaracterizada por la imposición de un modelo cultural dominante.
Pero también defienden su derecho a acceder a la promesa de la universalidad de la
igualdad (política, económica y social), cuando ésta les ha sigo negada históricamente
en razón precisamente de su identidad étnica, cultural o religiosa ; elementos que han sido utilizados como coartada para su inferiorización y, por lo tanto, para excluirlos y
dominarlos.
El nuevo texto constitucional boliviano, con algunas incoherencias, otras contradicciones
y no menos precipitaciones léxicas, pretende conseguir un difícil equilibrio
entre la igualdad socio-económica y la diferencia cultural, en un país donde ni la
una ni la otra han sido debidamente salvaguardadas hasta ahora. Sin embargo, el necesario
reconocimiento recíproco de la diversidad cultural, étnica y jurídica, que ahora se
plasma constitucionalmente, no debería relegar a un segundo plano las desigualdades y
exclusiones, la pobreza, la humillación y las jerarquías socioeconómicas existentes durante
siglos y que han causado la insatisfacción y el hartazgo de los indígenas bolivianos.
La democracia boliviana necesita de su participación en condiciones de igualdad,
como sujetos políticos plenos, para evitar su propia debilidad. Porque, como decía
Castoriadis, si no participamos todos, las estructuras democráticas de la sociedad se
debilitan.
Lo que ocurre es que tradicionalmente los grupos identitarios han ocupado un
lugar incómodo en las democracias [4]. Cuando se identifica a un ser humano como indígena
o blanco, se recurre siempre al estereotipo de la raza o la etnia, estableciendo una
competencia entre grupos identitarios diferentes por establecer la superioridad de uno
sobre otro, que va más allá de los principios comunes de participación y justicia democráticas.
El reto, pues, está en construir un espacio público donde todos tengan cabida
y donde se establezcan vínculos sociales de inclusión y cohesión.
Todo lo dicho implica, pues, sentar las bases de una nueva convivencia. Ya no
se trata de la mera coexistencia, basada en criterios jerárquicos de superioridad racial o
de exclusión cultural y social, ni en imposiciones clasistas, sino de la convivencia intercultural
e interétnica, sin imponer condiciones absolutas a la misma. Para ello, es
necesario emprender toda una labor legislativa de reformas institucionales y territoriales
de gran calado. La sola aprobación de un nuevo texto constitucional no podrá resolver
el problema de la pobreza y de la desigualdad social y económica, ni los conflictos identitarios. Se hace necesario reforzar al máximo la legitimidad democrática de
las instituciones políticas, para que estas puedan introducir reformas económicas y sociales
que marquen las líneas de un nuevo modelo de desarrollo económico y ecológico.
2. La cuestión jurídica
Desde el punto de vista jurídico, el reto está en cómo articular un nuevo sistema policéntrico
de fuentes de producción normativa compatible con la centralidad del Estado
de Derecho (por ejemplo, la nacionalización de los hidrocarburos), con el principio de
la legalidad y el de la seguridad jurídica.
Está por determinar cómo se van a solucionar los conflictos de internormatividad,
es decir, los casos en los que varios sistemas normativos entran en competencia
sobre la misma materia regulada, así como los conflictos procesales y de jurisdicción
en los casos en los que se reconoce la justicia comunitaria y, en definitiva, la ordenación
adecuada entre los diferentes niveles jurídicos existentes. El “pluralismo jurídico”
reconocido en el nuevo texto constitucional y derivado de la diversidad étnica, requiere
una puesta en práctica que canalice eficazmente los inevitables conflictos que en un
contexto de pluralidad normativa se han de producir.
Los riesgos del nacionalismo étnico
Las aspiraciones secesionistas de la oligarquía empresarial de Santa Cruz, junto con
las reivindicaciones étnicas-nacionalistas de los movimientos indigenistas instalados
ya en las instituciones de gobierno, además de que pueden provocar una ruptura en el
Estado boliviano de consecuencias todavía no previstas en la propia estabilidad del
continente iberoamericano, están oscureciendo a veces el verdadero problema de fondo :
la desigualdad social, el atraso económico y la inmensa pobreza de la mayoría del
pueblo boliviano, que exige la puesta en marcha de reformas institucionales radicales para atajarlo y promover una sociedad más justa. En Bolivia, por ejemplo, no existe un
sistema público de Seguridad Social, con la consiguiente desprotección ante situaciones
de riesgo y carencia de derechos que sufre la mayoría de la población.
El nacionalismo étnico, con aspiraciones autonomistas (se aspira a un Estado
plurinacional, con amplios procesos de autodesarrollo), corre el riesgo de frenar cualquier
movilización social a favor de la reivindicación de derechos sociales, de políticas
redistributivas, de una mayor justicia social y de un nuevo modelo de desarrollo económico
más equitativo. Un excesivo paternalismo indigenista o un sesgo demasiado
identitario por parte del Gobierno boliviano daría al traste con las necesarias reformas
estructurales que la sociedad demanda y con la lucha contra la corrupción institucional [5].
El problema mayor es que existen dos bandos claramente enfrentados con intereses
y reivindicaciones contrapuestas y excluyentes, especialmente, por lo que se refiere
a la propiedad de las tierras y la extensión de la tierra que se puede tener en propiedad.
Los movimientos sociales e indigenistas piden un límite de 5.000 hectáreas, mientras
que la oligarquía de derechas pide un límite de 10.000 hectáreas. Actualmente la
distribución de la tierra en Bolivia es extremadamente desigual. Según el Informe de
Desarrollo Humano del PNUD de 2005, menos de 100 familias son propietarias de
más de 25 millones de hectáreas. Los propietarios de estos latifundios, vinculados a las
empresas trasnacionales del gas y el petróleo, son los que están impulsando el movimiento
secesionista desde Santa Cruz, rechazando la reforma agraria y la nacionalización
de los hidrocarburos, en defensa únicamente de sus propios privilegios de clase.
Parece que la codicia de la elite rica es infinita.
En el referéndum constitucional previsto para el 25 de enero de 2009 se incluirá
una segunda consulta, además de la aprobación definitiva del articulado del nuevo texto,
referida a la extensión que debe tener un latifundio improductivo para ser expropiado por el Estado. Sin duda, este será el primer paso para una reforma agraria en profundidad
y, a la larga, para ir creando una clase media que deberá ser clave en el nuevo
desarrollo económico del país andino, que ya no debería estar sólo vinculado a la exploración
de los recursos naturales como el gas natural.
Conclusión
La tarea emprendida por el Gobierno presidido por Evo Morales es imprescindible en
este momento, pero el proceso de negociación interna es bastante complicado. No cabe
duda que el modelo neoliberal de las políticas económicas llevadas a cabo por los presidentes
anteriores ha fracasado estrepitosamente y ha conducido al país a los niveles
más altos de pobreza y de desigualdad social de todo el continente. Pero la actual situación
de recesión económica global añade una dificultad añadida al ya de por si
complejo entramado boliviano, que podría derivar en una gestión populista de la economía
con consecuencias negativas a medio plazo. No se debería olvidar que Bolivia
necesita, por ejemplo, poner en marcha un programa de grandes infraestructuras, para
facilitar el desarrollo de la reforma agraria y de las reformas institucionales ; y necesita
también alcanzar una estabilidad macroeconómica que sea compatible con la necesaria
redistribución de la renta.
