CETRI
De hecho, es importante recordar que las llegadas colectivas por mar a las ciudades autónomas no son ni mucho menos nuevas. En febrero de 2014, unas trescientas personas intentaron cruzar a nado desde Castillejos hasta Ceuta por la playa del Tarajal y fueron repelidas por la Guardia Civil, que utilizó material antidisturbios mientras se encontraban en el agua, provocando la muerte de al menos catorce personas. Pero esta matanza no ha frenado ni mucho menos los intentos de migrar cruzando a nado. Cada año, decenas de personas mueren de forma anónima en estas playas fronterizas, engrosando las cifras que convierten el Mediterráneo en la mayor fosa común del mundo. Esta vez, al menos sabemos que unas cien personas han muerto en algo menos de cuarenta y ocho horas. Personas y no datos o números, como muchas veces son tratadas por los relatos institucionales y periodísticos.
Personas que huyen de la miseria –no podemos olvidar que nos encontramos ante una de las fronteras más desiguales del mundo–. Nadie se juega la vida si no entiende que en su país no tiene futuro. Unas muertes que están directamente vinculadas con un régimen fronterizo que criminaliza la libertad de movimiento de las personas empobrecidas, convirtiendo a Europa en una auténtica fortaleza. Una dinámica que, como señala Tomasz Konicz, es consustancial al imperialismo en crisis del siglo XXI, que ya no es solo un fenómeno de saqueo de recursos, sino que también se esfuerza por aislar herméticamente a los centros de la humanidad superflua que el sistema produce en su agonía. De modo que la protección de las relativas islas de bienestar que aún subsisten constituye un elemento central de las estrategias imperialistas, reforzando las medidas securitarias y de control que alimentan un autoritarismo en auge.
En este sentido, tenemos que encuadrar la retórica belicista de “las invasiones bárbaras” que han hecho suya desde la derecha hasta ciertos sectores del progresismo, presentando la llegada de miles de personas como un « ataque a la integridad territorial » o incluso como una invasión. Evitan así, en todo momento, enunciar la crisis social que refleja la situación y apelan a una respuesta militar, y no humanitaria. Una situación que no es ni mucho menos nueva. Hace unos años, el Centro de Excelencia de Amenazas Híbridas de la UE y la OTAN no dudó en calificar el tránsito migratorio de Bielorrusia a Polonia como parte de las llamadas guerras híbridas. Llegó incluso a producirse un debate en el seno de la Alianza Atlántica sobre si, ante este tipo de actos híbridos, se podía invocar el artículo 5 de la OTAN, que estipula la defensa mutua.
No deja de ser paradigmático de esta retórica belicista que, en vez de asegurar un pasaje seguro para miles de víctimas que huyen de la guerra, la miseria o el cambio climático, las instituciones y los gobiernos europeos estén respondiendo con un fortalecimiento de las políticas securitarias y de externalización de fronteras. Porque la primera pregunta ante la llegada masiva de personas de esta semana a Ceuta es clara : si existieran formas seguras y regulares de entrar en Europa, ¿alguien se jugaría la vida cruzando a nado hasta Ceuta ?
Desde que, en octubre de 1995, tras los intentos de entrada de grupos de migrantes, se construyera en Ceuta la primera alambrada no se han dejado de erigir muros, vallas y concertinas, condenando a la ciudad autónoma a convertirse en una especie de cárcel a cielo abierto para las personas migrantes que parecen obligados a quedarse varados en tránsito –lost in transition–, sin un hogar al que poder volver y con un destino que les cierra las puertas. Pero nos equivocaríamos si pensáramos que el objetivo último de todos los dispositivos de la Europa Fortaleza es evitar la llegada de migrantes. Porque Europa necesita migrantes.
La Europa Fortaleza es, en realidad, una estrategia de exclusión de la ciudadanía plena que busca fragilizar a un colectivo, el migrante, para contribuir así a fragmentar aún más al conjunto de la población. Una operación consustancial a la guerra entre los pobres, a la lucha de clases de los penúltimos contra los últimos, donde prima la competencia entre autóctonos y foráneos por acceder a recursos cada vez más escasos : el trabajo y las prestaciones y servicios de bienestar social. La militarización de las rutas migratorias, los dispositivos de vigilancia, la externalización de fronteras, los CIE o el creciente recorte de los derechos migratorios no buscan evitar que lleguen migrantes, sino que lleguen aquellos que necesita el sistema productivo europeo, pero previamente quebrados, asustados, despojados de derechos, sabedores de la fragilidad de su estancia y de los riesgos de no asumir su papel en los nichos secundarios del capitalismo europeo. Unos nichos en los que están llamados a compensar, mediante el aumento de la tasa de explotación, unas tasas de rentabilidad del capital que llevan décadas en descenso tendencial.
De hecho, la crisis humanitaria que se ha producido estos días en Ceuta ha sido aprovechada por la derecha patria e internacional, con Meloni y Trump a la cabeza, para hablar de « efecto llamada » por la regularización de personas migrantes de los últimos meses en nuestro país. Italia ha llegado incluso a suspender temporalmente el acuerdo de la zona Schengen relativo a la libre circulación de personas con España. Una medida que, en la práctica, dado que no compartimos frontera terrestre, se aplicará únicamente mediante controles adicionales a los pasajeros y pasajeras de los vuelos que lleguen a Italia desde España. Pura propaganda política de la ultraderecha para poner en cuestión las políticas de ampliación de derechos. Porque la Europa Fortaleza no solo está construida con concertinas, sino también mediante una política institucional racista, de guante blanco, consciente y planificada, que persigue la degradación de la protección jurídica y social de las personas migrantes. Un proceso por el cual las personas migrantes pierden no solamente un conjunto de derechos en particular, sino el propio derecho a tener derechos.
Así, la regularización de las personas migrantes –al otorgarles ciertos derechos de ciudadanía– choca con las políticas de degradación jurídica de la Europa Fortaleza, que favorecen una competencia a la baja en el mercado laboral. Un no hay suficiente para todos generalizado, que fomenta mecanismos de exclusión que, como escribió Habermas, son característicos de un « chovinismo del bienestar » y que concentran la tensión latente entre el estatuto de ciudadanía y la identidad nacional a la que tanto apela últimamente la ultraderecha de Vox.
Aunque una parte de la derecha y del progresismo haya señalado al majzén marroquí como el verdadero culpable de las imágenes de estos días en Ceuta, al controlar a su gusto e interés los flujos migratorios como gendarme de la frontera sur europea, en la mente de todos está mayo de 2021, cuando el Gobierno marroquí retiró sus controles fronterizos y permitió que unas 8000 personas entraran en la ciudad de Ceuta en apenas dos días. En aquella ocasión, parece que fue la asistencia sanitaria en un hospital de Logroño a Brahim Gali, líder del Frente Polisario, la excusa que motivó el enfado de Marruecos y su posterior represalia. Las tensiones solo se rebajaron después de que el presidente del Gobierno modificara la posición histórica de España sobre el Sáhara Occidental y se reuniera, al año siguiente, con el rey de Marruecos, Mohamed VI.
Esta vez, la excusa para las represalias de la dictadura marroquí podría ser desde el viaje de Pedro Sánchez a Argelia hace unos días hasta la negociación del nuevo acuerdo comercial de la UE, la tramitación de la ley de nacionalidad saharaui en el Congreso o incluso el interés por anexionarse las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla con el apoyo de los Estados Unidos de Trump. Aunque no creo que lleguemos a saber realmente cuáles han sido las motivaciones del Gobierno de Marruecos para desatender durante estos días sus funciones como policía de las fronteras europeas. Lo que está fuera de toda duda es el inmenso poder que España y la UE han otorgado a dictaduras como la marroquí mediante la externalización del control de sus fronteras.
Paralelamente a la militarización de las fronteras de Ceuta y, posteriormente, de Melilla, se firmó el acuerdo de cooperación en materia de control fronterizo entre el Estado español y Marruecos de 1992, el primer paso formal en la externalización de las fronteras de un país miembro de la UE. Desde ese momento, la dictadura alauita fue contratada para reducir por todos los medios –el asesinato de cincuenta personas en la valla de Melilla en 2022 es el ejemplo más palpable– el número de personas que cruzaban las fronteras de Ceuta, Melilla y el estrecho de Gibraltar.
Pero esta externalización de fronteras no iba a ser ni mucho menos gratuita. Entre 1995 y 2006, Marruecos recibió 1640 millones de euros del programa MEDA de la UE para la cooperación con terceros países de la ribera del Mediterráneo. En enero de 2007, el programa MEDA fue sustituido por el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA), sin que descendieran por ello las partidas presupuestarias : 722 millones entre ese año y 2010. Además de los fondos europeos, también hubo cuantiosos impulsos y fondos públicos españoles destinados a esta externalización de fronteras en Marruecos, utilizando en numerosas ocasiones la cooperación al desarrollo como coartada para la implementación de proyectos o para esconder partidas presupuestarias que respondían realmente a este otro fin.
Desde que se decidió externalizar las fronteras europeas, Marruecos ha utilizado y sigue utilizando la cuestión migratoria como válvula de presión, endureciendo o relajando el control de sus fronteras en función de los fondos recibidos para ello o de los beneficios políticos que pueda obtener en cada momento. No deja de resultar curioso que la crítica más frecuente entre el progresismo y la derecha sea que Marruecos no cumpla la parte del contrato que lo convierte en gendarme de nuestras fronteras, o incluso que se escandalicen porque el majzén utilice geopolíticamente su papel como gestor de los flujos migratorios. Pero nadie cuestiona la política criminal de externalización de fronteras, que no solo reprime a las personas que deciden migrar, sino que nos hace cómplices de la dictadura y de su política de ocupación.
No deja de ser repugnante que, una vez más, con más de cien muertes a las espaldas de nuestra política migratoria, las personas que estos días se hacinaban en Ceuta sigan siendo tratadas como problemas incómodos que conviene expulsar o eliminar cuanto antes : sujetos sin derechos. Por eso, es fundamental concebir la situación migratoria actual no únicamente como una crisis humanitaria, sino también y, sobre todo, como una crisis de derechos y, por lo tanto, como una crisis política. Una crisis que cuestiona quién tiene derecho a tener derechos en Europa y que nos interpela a todas.
