CETRI
Muchos cambios se han perfilado en el escenario político boliviano desde
que las últimas elecciones presidenciales del año 2005 llevaron a Evo
Morales y a su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), al gobierno. El
momento que vivimos fue inaugurado por la Guerra del Agua en Cochabamba
en abril de 2000 y continuó con grandes procesos de autoorganización
social hasta 2005. El protagonista central de este ciclo de rebeliones
fue el movimiento indígena y campesino, que se transformó en el núcleo
articulador de los levantamientos en Bolivia.
En Latinoamérica, los antecedentes de la discusión acerca
de las “autonomías indígenas” se hallan en los debates que determinados
organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) (López Bárcenas, 2006), emprendieron sobre los derechos de estos
pueblos a la autodeterminación y el autogobierno. En Bolivia, esta polémica
adquiere rasgos particulares, pues el tema y la misma palabra –“autonomía”–
fueron incorporados en la discusión política por las fuerzas más conservadoras
del país, que vieron en la consigna autonómica una oportunidad
y una bandera de rearticulación de un poder que encontraron amenazado
por la intervención popular en los asuntos públicos y la irrupción indígena
en los espacios gubernamentales. Las “autonomías departamentales” son el
pivote central del proyecto político reaccionario boliviano.
Las organizaciones indígenas, en especial la Confederación
Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), respondieron ante la ofensiva
del proyecto cívico-empresarial anunciando la creación de sus propios “estatutos
autonómicos”. De esta manera, surgió para los sectores populares el
debate sobre la autonomía y el reto de reapropiarse de esta noción hasta
ahora capitalizada a favor del proyecto oligárquico. En este trabajo deseamos
evaluar el alcance de las propuestas y las reflexiones de las organizaciones
sociales que enfrentan el desafío de resignificar este concepto mediante
la incorporación de la idea de “autonomías indígenas”. También queremos
establecer cómo, en el Proyecto de Nueva Constitución Política del Estado
(NCPE) aprobado por la Asamblea Constituyente, se piensan la participación
y la articulación real entre las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) autónomas
y Asamblea Legislativa Plurinacional Bicameral, que reemplazaría al
actual Congreso Nacional de la República, en la medida en que éste es un
elemento central para analizar el alcance de la transformación del Estado.
Para este efecto, hemos estudiado las propuestas de reforma de modelo de
Estado y de creación de autonomías indígenas realizadas por las organizaciones
indígenas más representativas, así como las tres versiones de la NCPE
(una aprobada en grande en la ciudad de Sucre y la otra en detalle en Oruro,
y la revisada, negociada y presentada en La Paz).
